VALÈNCIA. El volumen crece conforme avanza la fase de instrucción la Dana, convertida en un auténtico torbellino informativo. El sumario aglutina nutrida documentación de las administraciones, se suceden casi todos los días las declaraciones de familiares, peritos, testigos e investigados y las decisiones de la instructora, que marca el paso con una Fiscalía de perfil bajo, acumulan ya varios recursos en su contra. La investigación, que ya se antojaba difícil de gobernar -hay una cuarentena de partes personadas-, transita por momentos cruciales.

Desde que asumiera la batuta, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado 3 de Catarroja, ha tutelado la instrucción expeditiva, con diligencia y decisión para sorpresa de muchos y con un lenguaje claro y directo, en ocasiones lacónico y crudo. La especial contundencia con la que desde el principio ha ceñido las pesquisas al aviso "tardío y erróneo" a la población y ha reiterado la responsabilidad única de la Generalitat Valenciana hasta citar como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso ha conseguido el aplauso de buena parte de las víctimas y especialmente de aquellas partes que ven negligencia exclusiva -y excluyente- en la actuación de la administración valenciana, con el president, Carlos Mazón, como objetivo final.

Sin embargo, esta misma condición ha motivado la irritación - además del Consell, PP y Vox-, de otra parte de las acusaciones incluída una de las asociaciones de afectados. Cada tiene su estrategia y objetivos, en especial indagar también la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y los ayuntamientos, pero todas ellas se muestran convencidas de que la magistrada está desnaturalizando la fase de instrucción, dictando autos con consideraciones concluyentes y rechazando diligencias por no atender el objeto de la investigación marcado por la propia jueza. La instrucción, vienen a decir, está para indagar el nexo causal con la tragedia humana y material sin apriorismos; si hay o no delito, insisten, si hay o no responsables a nivel judicial, deberá determinarse tras analizar toda la información disponible y no antes.

El ánimo de varias partes se sustancia en el último escrito presentado por la defensa de Pradas este miércoles ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde pide la suspensión temporal de la jueza, entre otras cosas por sus resoluciones, que le parecen "de conclusión de sumario e, incluso, de una sentencia condenatoria". La queja presentada es dura y acusa a la magistrada de tener "una opinión predeterminada", de manifestar esa "convicción una y otra vez" y hasta de "ironizar" en sus escritos mientras deniega "cualesquiera diligencias que pudieran indicar otro resultado del procedimiento". Incluso apunta a defectos de procedimiento en una causa que ve "ingobernable" por la gran cantidad de partes personadas y los consiguientes problemas: abundante tramitación de escritos y recursos e interminables declaraciones.

Lo cierto es que este es el último escrito contra la jueza, donde desliza incluso la posible intervención externa de su marido, también juez. El último tras varios recursos que se acumulan contra las decisiones de la magistrada. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha fijado este jueves como fecha para la resolución de estas impugnaciones presentadas por Pradas y Argüeso contra su imputación pero también de otras partes como la Asociación de Damnificados de la Dana Horta Sud o o la asociación ultraconservadora Hazteoir.

La asociación de damnificados tiene pendientes de resolución dos escritos, uno de ellos presentado este mismo miércoles. En él pide que se revoque la decisión de la jueza de no investigar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, y otros cargos de la Generalitat Valenciana como el director, el subdirector y la jefa de servicio de Emergencias por su pasividad y falta de actuación pese a contar con información clave. Sobre el primero, insiste en que no avisó por llamada y, como confirmó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tampoco "trasladó al Cecopi ni la existencia de los correos electrónicos ni, mucho menos, el contenido de los mismos" sobre la crecida del Poyo.

En otro recurso anterior ante la Audiencia, la asociación busca que, además de investigarse los delitos de homicidios y lesiones imprudentes, se haga lo propio con los daños imprudentes (los daños materiales), donde podrían tener responsabilidad también la CHJ por las obras no ejecutadas, y la omisión del deber de socorro, como publicó Plaza. Aspectos que la jueza rechazó a priori. "No es el objetivo de la fase de instrucción tomar la decisión, en una etapa tan embrionaria del proceso penal, de si existen pruebas o no para decidir sobre la comisión delictiva" sino que lo primero debe ser "analizar si los hechos expuestos" son "susceptibles" de incluirse bajo los delitos expuestos, afeaba el abogado de la asociación, que llegó a acusar a la jueza de redirigir los daños materiales a la vía contenciosa para "evitar una macro causa con miles de partes personadas".

Por su parte, Hazteoir también alegó ante la Audiencia Provincial contra la "anticipación" de la jueza al ser "de todo punto improcedente" que a priori "decida de forma tajante e indiscutible que cualquier responsabilidad recae en el ámbito autonómico". Esto, insistía, "hace que ya de nada sirva la instrucción, pues desde el momento inicial ya se ha realizado una imputación directa de responsabilidades poco compatible con nuestro estado de derecho". Y afeaba que haya ignorado "deliberadamente" el "incumplimiento del protocolo" por parte de la CHJ, que obliga a "notificar a las autoridades de protección civil cada vez que se detecte un caudal de 150 m3/s o superior".

Cabe recordar, asimismo, que la Fiscalía ha mostrado su disconformidad con la imputación del 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso, cuya "inculpación confronta con el principio de culpablidad que rige el derecho penal", según explicó el Ministerio Fiscal, que hacía referencia a un fallo según el cual el juicio de autoría en ningún caso "puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea" porque se estaría vulnerando "de manera flagrante el principio de culpabilidad". Ahora bien, sí ha apoyado la investigación a la exconsellera Salomé Pradas y dejar fuera de la investigación a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha sido citada en calidad de testigo.

La causa judicial también enfrenta el reto de esclarecer lo que es cierto y lo que no. A la postre, sin una base veraz, las conclusiones pueden ser problemáticas. La jueza ha trabajado en desmentir lo que ya ha calificado como "auténtico bulo" esparcido por algunas defensas sobre la vinculación entre el supuesto desembalse de la Presa de Forata y la tragedia producida en el barranco del Poyo. En un auto de este miércoles, la instructora ha vuelto a hacer gala de su contundencia -se entrelee ya hartazgo en sus líneas- para apuntar que la presa "no afectó, pese a la insistencia de algunas representaciones, en el barranco del Poyo" porque "simplemente, son cuencas distintas". "Dichas afirmaciones erróneas eran disculpables en un primer momento de la investigación, pero la insistencia en el presente momento procesal carece de sentido, desvía el correcto análisis de los desbordamientos en barrancos y ríos, y no aporta elemento alguno en la investigación de los fallecimientos", llega a decir la magistrada.

Lo cierto es que la causa penal de la Dana, una de las más mediáticas de los últimos años por la magnitud de la tragedia, está revelando altos niveles de efervescencia y se enfrenta a un momento crucial, una vez puesta en entredicho la dirección de la investigación marcada por la magistrada. Mientras, en la vía política, siguen las comisiones de investigación: ya ha concluído la de València ciudad, continúa la de la Diputación de Valencia y la del Senado, está a punto de crearse la del Congreso y todo apunta a otra en el Parlamento Europeo-. También los debates aledaños sobre la actuación de los gobiernos con las víctimas, especialmente tras la reciente visita de las asociaciones a Bruselas, e incluso las derivadas políticas de este maremagnum, como el runrún sobre el posible relevo de Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, que cobra fuerza día tras día.