VALÈNCIA. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado el proceso de expropiación forzosa para ejecutar las obras de emergencia en el canal Júcar-Turia, uno de los sistemas de abastecimiento más importantes de la Comunitat Valenciana y que se vio gravemente dañado por la Dana del 29 de octubre.
Esta actuación se enmarca dentro de un conjunto de dieciséis intervenciones extraordinarias que el organismo estatal impulsa a contrarreloj tras una riada que arrasó infraestructuras, desbordó ríos y anegó más de 80 municipios valencianos. El anuncio, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), convoca a los propietarios de terrenos afectados en Torrent, Picassent, Alaquàs, Aldaia y Carlet para el levantamiento de actas previas de ocupación.
Según el documento, las parcelas están vinculadas al trazado del canal, cuya funcionalidad se vio comprometida tras la rotura de los acueductos de los barrancos de l'Horteta y del Poyo, así como los desperfectos sufridos en el entorno del río Magro. Las sesiones para formalizar la ocupación tendrán lugar entre los próximos días 26 y 29 de mayo, aunque los afectados disponen de un periodo de quince días para presentar alegaciones.
Dos grandes intervenciones en el canal
La envergadura de las obras justifica la urgencia de este proceso administrativo. Solo la reparación del Canal Júcar-Turia supone una inversión de más de 31 millones de euros, dividida en dos actuaciones adjudicadas por vía de emergencia. Por un lado, la compañía Aguas de Valencia S.A. ejecuta los trabajos destinados a restituir el servicio interrumpido por la Dana, con un presupuesto de 19,2 millones de euros.
Además, las obras incluyen un bombeo provisional para recuperar el suministro a la potabilizadora de La Presa, en Manises, así como un nuevo by-pass que garantizará la conducción por gravedad. También se interviene en el cruce con el río Magro, donde el acueducto y las infraestructuras colindantes quedaron dañados por la avenida de agua.

- Embalse de Forata, a 7 de noviembre de 2024, en Yátova. -
- Foto: EDUARDO MANZANA/EP
En paralelo, la empresa Torrescámara y Compañía de Obras, S.A., lleva a cabo la reposición de acueductos y la recuperación de infraestructuras complementarias con un contrato valorado en 10,9 millones de euros. Esta actuación, que se desarrolla en los términos de Torrent, Picassent, Alginet, Real de Montroy y Guadassuar, comprende la reconstrucción de caminos de servicio, elementos de seguridad, paradas arrasadas por la riada y varios puntos de desagüe clave para la defensa del canal.
Ambas adjudicaciones se formalizaron el pasado 11 de noviembre, apenas dos semanas después del dantesco episodio de lluvias, según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite la tramitación de emergencia ante catástrofes naturales o situaciones de riesgo para la población.
Otras obras de emergencia
Ante esta situación, la CHJ no solo ha actuado sobre el canal Júcar-Turia. En total, ha declarado dieciséis obras de emergencia en toda su demarcación para reparar márgenes, encauzar ríos y retirar obstáculos. Entre ellas, destacan actuaciones en el barranco de la Casella y el río Barxeta, en los términos de Carcaixent y Barxeta; en el río Albaida, a su paso por Montaverner, Montesa o Castelló de la Ribera; así como en el río Magro, en zonas sensibles como Benifaió, Algemesí y l'Alcúdia, donde la crecida invadió huertas y calles.
Otras intervenciones, según expone la CHJ, se desarrollan en barrancos secundarios como el del Guatleta en Navarrés, el de Antella o el encauzamiento de l'Horteta en Torrent. Asimismo, se incluye la retirada de elementos obstructivos en el cauce del río Cànyoles, en Vallada y Moixent, así como la restauración del entorno fluvial en Alberic, Tous y Castelló de la Ribera.
Todas estas actuaciones están aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 5 de noviembre, que declaró como zona catastrófica los territorios afectados por la Dana e incluyó medidas urgentes de respuesta. El Gobierno de España ha otorgado a estas obras la condición de utilidad pública, lo que permite agilizar las ocupaciones y priorizar la recuperación de las infraestructuras hidráulicas dañadas.
La CHJ tiene por objetivo restablecer el suministro en los municipios más poblados, mitigar riesgos ante futuras lluvias torrenciales y restituir un sistema hidráulico que, más allá de la ingeniería, vertebra el territorio y condiciona su desarrollo. Porque, como ha quedado claro en esta riada, se trata de seguridad, prevención y, sobre todo, no empezar desde cero cuando la climatología decida volver a golpear.