VALÈNCIA. Los argumentos esgrimidos por el gobierno de PP y Vox para liquidar la Fundación València Activa abren la puerta a poder disolver otros organismos autónomos del Ayuntamiento de València.

Y es que en la moción impulsora El concejal de Vox, José Gosálbez, justificó la disolución de la fundación de empleo para “evitar duplicidades” y con el objetivo de “racionalizar” el sector público. Tanto Vox como el propio Partido Popular, a través de las declaraciones de la propia alcaldesa, María José Catalá, defendieron que la idea de liquidar la fundación de empleo municipal respondía a una “reestructuración del Sector Público” y que el cierre de este ente suponía “la primera actuación”, dejando en el aire que otros organismos autónomos puedan correr la misma suerte. 

Si atendemos a los motivos que señala la moción firmada por Gosálbez para solicitar la liquidación de esta fundación, llama la atención que el edil se ampara en un “borrador de propuesta” elaborado por la Dirección General del Sector Público del propio Ayuntamiento sobre la “racionalización del sector público fundacional” dependiente del consistorio. La moción afirma que dicho borrador incluye “entre otras” a València Activa y justifica la petición de liquidarla en varios motivos que podrían extrapolarse a fundaciones como Las Naves, València Clima i Energia, el Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible o incluso el Organismo Autónomo de Parques y Jardines.

"Racionalizar" los entes municipales

Cabe recordar que uno de los anuncios de Catalá al principio de su mandato fue la intención de llevar a cabo una “auditoría”, al margen de la Intervención General, de los entes autónomos del Ayuntamiento para "corregir las ineficiencias y reforzar su control, así como para la reordenación y racionalización de las entidades existentes”. Para ello, la alcaldesa creó la mencionada Dirección General del Sector Público, cuya titular es Ana María Gil, exgerente de Aumsa. Una de las primeras medidas en esta línea fue la supresión de la Fundación de la Policía Local y la integración de la Mostra en el Palau de la Música; la siguiente en liquidarse será València Activa y según apunta la moción firmada por Gosálbez, puede no ser la última.

El primero de los motivos se basa en que València Activa “desarrolla actividades propias del servicio público de empleo” una competencia que corresponde principalmente a la administración autonómica y que según el borrador que cita la moción “impide mantener la naturaleza jurídica de la misma”. La argumentación también sostiene que el Ayuntamiento cuenta con el servicio municipal de empleo y el servicio municipal de emprendimiento “con los que presta un servicio público en estas áreas través de empleados públicos”, considerando que se genera una duplicidad.

"No genera ingresos propios"

Otro de los argumentos, que también pondría en cuestión la existencia de varias fundaciones y organismos municipales, es que València Activa “no genera ingresos propios” y su financiación depende “de subvenciones municipales o de otras administraciones”. Una cuestión que también ocurre en muchos otros entes autónomos del Ayuntamiento como la Fundación Las Naves dedicada a promocionar la innovación; la Fundación Clima y Energía, creada en la primera legislatura de Joan Ribó o el Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, nacida al calor de la Capitalidad Mundial de la Alimentación. De hecho, emplear la argumentación de que un ente no se autofinancie para liquidarlo pone en cuestión organismos autónomos municipales como por ejemplo Parques y Jardines, que tampoco genera ingresos por sí mismo.

La moción aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado viernes llega a sostener que "se considera que las fundaciones no son los instrumentos adecuados para la gestión directa de servicios públicos locales", una afirmación que equivale prácticamente a una enmienda a la totalidad de las fundaciones municipales del Ayuntamiento.

"Estudio" del Sector Público

Aunque desde el consistorio han evitado concretar si se trabaja con la idea de extinguir otro organismo autónomo, lo cierto es que el gobierno local sigue con su política de analizar los entes municipales. Hace unas semanas el Ayuntamiento firmaba un convenio con la empresa pública Aumsa a través del cual la empresa cede personal para elaborar “un estudio de la situación de los medios humanos, técnicos, materiales con que cuentan la totalidad de las entidades del sector público local”.

Tras ese diagnóstico inicial en el que se debe incluir un “análisis de los principales problemas o deficiencias detectadas”, el personal de Aumsa debe redactar “una estrategia” para “racionalizar” el Sector Público Local. Aunque no se menciona la palabra “auditoría” que la alcaldesa sí empleó al anunciarlo, parece que Catalá mantiene su idea de reformar el Sector Público Local.