VALÈNCIA. La compañía Telefónica busca rentabilizar en el mercado inmobiliario algunas de sus instalaciones en la ciudad de València. La firma está trabajando para convertir al uso residencial cuatro edificios en el Cap i Casal en una suculenta operación urbanística que permitirá, a la postre, la construcción de más de 150 viviendas repartidas en diferentes barrios de la ciudad. Para ello, busca cambiar la calificación de estos inmuebles, ahora grafiados como uso dotacional, con un plan que ha presentado al Ayuntamiento de València y que ya ha iniciado su tramitación.

Se trata de cuatro edificios ubicados en la zona de la Alameda y los barrios de Mestalla, Algirós y Cabanyal, que tendrán una edificabilidad residencial total de casi 19.300 metros cuadrados y que podrán albergar hasta 157 viviendas, según los cálculos del borrador presentado por Telefónica, redactado por el Grupo Dayhe y fechado el pasado mes de enero.

La propuesta, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, supone una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital del Túria, que atribuye a estas cuatro parcelas un carácter dotacional como categoría de “infraestructuras básicas y de servicios”. Una calificación derivada del momento en el que se aprobó el Plan General (1988), cuando el servicio de telecomunicaciones estaba gestionado en régimen de monopolio por la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), predecesora de la actual Telefónica. Los tiempos han cambiado y la firma se privatizó pero estos suelos mantuvieron su condición de dotación pública, por lo que era necesario adaptar su situación urbanística a la realidad.

A ello se suma “la rápida y profunda evolución tecnológica del sector de las telecomunicaciones”, según explica la propuesta, que “ha variado sustancialmente las necesidades de infraestructuras físicas necesarias para dar servicio, lo que provoca que algunos de los locales hasta ahora destinados a este fin ya no resulten necesarios o puedan ser sustituidos por otros más adecuados”. Y es aquí, dice, donde se presenta “la oportunidad” de destinar estos terrenos “para nuevos usos sin que este cambio suponga la desaparición o merma de calidad del servicio de telecomunicaciones que justificó la reserva”.

Todo ello sostiene el plan de Telefónica para transformar estas instalaciones en cuatro edificios residenciales: el de la Alameda (avenida del Puerto) tendrá siete plantas y 56 viviendas previstas; el de Mestalla (avenida Primado Reig), nueve plantas y 45 viviendas; en Algirós (calle Conserva), la finca contará con cuatro alturas y 16 viviendas; y el del Cabanyal (calle Beato Juan Grande), con cinco plantas y 40 viviendas, siempre según las previsiones de la propia compañía telefónica, que proyecta un aumento de la población en 304 habitantes. Asimismo, los primeros dos inmuebles contarán con bajos comerciales mientras que en el caso de los otros dos, por el barrio en el que se ubican, los bajos serán de uso residencial.

Tres millones de euros en cargas

A cambio de la recalificación, la compañía deberá compensar al Ayuntamiento. En ese sentido, entra en la operación una parcela dotacional de Telefónica en la pedanía de Castellar-l’Oliveral, que será cedida al consistorio por el incremento del aprovechamiento. Sin embargo, esto sólo cubrirá parte de la cuantía que la mercantil deberá abonar. Descontando esa aportación, Telefónica deberá soportar unas cargas totales de casi tres millones de euros, tal como reflejan los cálculos realizados.

Aquí entran, por ejemplo, más de 870.000 euros en concepto de plusvalías, que es el 10% del incremento del aprovechamiento. También tendrá que compensar con suelo para parques públicos, pero como la operación “no dispone de superficie adecuada” para “dar cumplimiento a esta cesión en terrenos”, Telefónica deberá pagar su valor en metálico, que asciende a más de dos millones de euros. Y a ello, se suma una cantidad adicional por lo que costaría urbanizar las zonas verdes, cifrado en más de 94.000 euros.

La propuesta aclara que el coste total de las cargas se repartirá proporcionalmente entre las cuatro parcelas y que se podrá pagar de manera separada e independiente. “La utilización de los cuatro solares en su nuevo uso residencial permitido por la modificación no tiene por qué ser simultánea”, reza el borrador, que explica que “obligar a que la cantidad económica total derivada de la modificación […] sea abonada totalmente al inicio de la implantación de la primera de ellas que se lleve a cabo desincentiva su desarrollo”.

Eso sí, deja negro sobre blanco que para cada uno de los casos, “la cantidad final correspondiente al emplazamiento deberá ser satisfecha previamente a la obtención de la licencia de obras para la actuación en el mismo, donde se generan cada incremento puntual de aprovechamiento y la necesidad concreta de incrementar el parque público”.

Por el momento, Telefónica ha remitido a la concejalía de Urbanismo la documentación para el inicio de la evaluación ambiental de la modificación. El departamento que dirige el edil Juan Giner ha aceptado el inicio del procedimiento por lo que la maquinaria administrativa ya está en marcha.