VALÈNCIA. El gobierno de María José Catalá vuelve a enfriar el debate sobre la tasa turística en la ciudad de València. En el último pleno municipal, la concejal de Turismo, Paula Llobet, rechazó nuevamente abordar la implantación de un gravamen a los viajeros que visitan la ciudad al considerar que “no es el momento oportuno”. Llobet, como ya hiciera en el pleno de mayo, volvió a recordar que no existe marco legal a nivel autonómico que habilite a València a aplicar una tasa de estas características.

La propuesta de reabrir el debate partía del grupo municipal de Compromís, que presentó una moción en la que solicitaban que el Ayuntamiento instara a Les Corts Valencianes a aprobar una ley que permita a los municipios implantar una tasa sobre las pernoctaciones turísticas. Además, proponían que la Fundación Visit València elaborase un informe comparativo sobre esta figura fiscal en ciudades como Roma, Lisboa o Barcelona, para estudiar sus efectos en la demanda turística y en el sostenimiento de los servicios públicos. 

Según el grupo valencianista, la tasa permitiría redistribuir parte del impacto económico de los visitantes sin afectar a la competitividad de la ciudad como destino. El concejal de Compromís Pere Fuset defendió durante el debate que esta tasa permitiría reforzar servicios públicos “que utilizan tanto los vecinos como los visitantes”, como las líneas de autobús que actualmente sufren saturación en determinados tramos y barrios como aquellas que conectan las playas con el centro de la ciudad.

El "lastre" de los créditos ICO

Sin embargo, desde el gobierno municipal se volvió a rechazar la propuesta. La concejal Paula Llobet justificó la negativa alegando que “no se puede aprobar lo que ahora mismo sería ilegal”, y añadió que las condiciones económicas del sector tampoco hacen aconsejable reabrir el debate. En su intervención, señaló que muchas empresas turísticas "aún están pagando los préstamos ICO del Covid", y que algunas han debido asumir también los ICO de la Dana. "Hablen con el sector", retó Llobet a la oposición al tiempo que defendía que "hay mucho sector turístico en zona Dana".

Desde la patronal hotelera Hosbec, aunque siempre se han mostrado contrarios al gravamen, sostienen que los ICO vinculados a la pandemia “están ya devueltos en su mayoría” y que los créditos por la Dana “no han afectado especialmente”, ya que son pocas las empresas del sector que han tenido que recurrir a ellos.

La edil de Turismo también sumó a los argumentos para el rechazo a la tasa la caída del 1,7 % en la llegada de turistas respecto al año anterior y el descenso del 6,2 % en pernoctaciones. “No se trata de rechazar el debate, pero sí de hacerlo en el momento oportuno, con consenso, y con una situación económica adecuada”, dijo. “Plantearlo ahora es contraproducente”.

València deja de ingresar "16 millones"

Durante el debate, el portavoz del PSPV, Javier Mateo, apuntó que si la ciudad hubiera contado con una tasa de 2 euros por pernoctación en hoteles y de 6 euros en apartamentos turísticos, València habría ingresado unos 16 millones de euros solo en 2024, año en que la ciudad superó los seis millones de pernoctaciones.

La moción de Compromís no salió adelante. En su lugar, el pleno aprobó, con los votos de PP y Vox, una moción alternativa presentada por el grupo popular, en la que no se hace mención explícita a la tasa turística. El texto plantea generalidades como “seguir impulsando políticas de sostenibilidad”, “situar al vecino en el centro”, “fomentar la gobernanza participativa” y “continuar el control de la oferta ilegal de alojamiento”. También reitera el compromiso con el Plan Estratégico de Turismo 2025–2028 y se remite a los acuerdos alcanzados en la moción ya aprobada en el pleno del pasado mes de marzo.

Por el momento, València aplaza abordar un debate que ya está en marcha en otras ciudades y territorios. Barcelona aplica desde hace años una tasa turística, y en las Illes Balears está en vigor desde 2016 el Impuesto de Turismo Sostenible. En Ibiza, además, este año se ha introducido una tasa de 1 euro diaria para los vehículos no residentes que circulen por la isla durante el verano, como parte de un modelo de control de saturación y financiación de servicios públicos —incluidas medidas para limitar el tráfico y combatir el alojamiento ilegal—.