Decíamos ayer –la semana pasada– que la corrupción en la administración se combate con transparencia, prevención y no mirando para otro lado cuando alguien denuncia maniobras sospechosas, ni desbaratando agencias antifraude como la valenciana. Si no haces caso a los avisos y salta el escándalo, también eres culpable y te tienes que ir. Se llama culpa in vigilando.

La actualidad vertiginosa del caso Cerdán nos ha brindado un ejemplo cuyos detalles quizá han pasado inadvertidos entre tanta basura. Se trata de la adjudicación del contrato de obras de duplicación del túnel de Belate, en Navarra, a las constructoras Acciona –que está en todas las salsas aunque ahora se muestre muy digna–, Osés y Servinabar, participada en secreto por Santos Cerdán, según se ha sabido ahora.

(Inciso: Lo de ceder participaciones accionariales en empresas adjudicatarias es una forma sofisticada de mordida que tiene sus riesgos porque deja rastro. A Cerdán le han encontrado el contrato privado por el que se hacía con el 45% de Servinabar –no elevado a escritura pública pero válido entre los contratantes–. En este periódico publicamos que alguien se llevó de esa manera un 8% –3 millones de euros– del segundo contrato de resonancias magnéticas de la Generalitat (2008) gracias a que dejaron un rastro documental, aunque no pudimos llegar hasta quienes se llevaron la pasta porque los testaferros dijeron que no se acordaban.)

La presidenta de Navarra considera que no debe dimitir porque a ella también la engañó su amigo Cerdán, de ahí que saliera llorando el día que se descubrió el pastel. Pero María Chivite sí debe dimitir porque hizo caso omiso de todos los avisos de que el contrato de 76 millones de euros (IVA incluido) estaba amañado, que no fueron pocos.

A modo de resumen, tres de los ocho miembros de la mesa de contratación emitieron hasta seis votos particulares, dos cada uno, por no estar de acuerdo en el procedimiento de valoración ni en la valoración misma. Tres discrepantes que no eran tres funcionarios cualesquiera, sino el vocal interventor, el vocal secretario y el vocal de la Junta de Contratación Pública de Navarra. Es decir, los tres vocales encargados de garantizar la limpieza jurídica del proceso, frente al presidente y los vocales técnicos, dos de ellos subordinados del presidente.

El concurso ya tenía un defecto de origen que recuerda al de la adjudicación de las ITV en tiempos de Zaplana. En aquel concurso, el secretario de la mesa de contratación advirtió de que no tenía sentido poner en el pliego un tope de rebaja máxima en las ofertas, ya que perjudicaba a la Generalitat, que sin ese tope podría obtener mejores precios, y eliminaba el criterio más objetivo para la adjudicación, que es la oferta económica, puesto que todos iban a ofrecer el precio más bajo permitido para lograr la máxima puntuación. Con ello, la adjudicación pasaba a depender por entero de la valoración técnica que hiciera la mesa de contratación. 

Obviamente, eso es lo que se buscaba, de ahí que aquel secretario quisquilloso fuera sustituido por otro menos exigente. El amaño siguió adelante y el lodo de aquellos polvos acabó con Zaplana y compañía condenados por corrupción.

Tres décadas después, sorprende que se sigan licitando obras con un tope en las ofertas, que en el caso del contrato navarro era del 20%. La mayoría de las empresas ofrecieron esa rebaja, de manera que la adjudicación dependía enteramente de la valoración técnica, como subrayó el secretario en uno de sus escritos, calificándolo de "distorsión del procedimiento de selección".

Según los votos particulares, en el informe de valoración técnica se vulneraron todos los procedimientos tanto en el fondo –ausencia de justificación y motivación, documentación defectuosa, modificación de plazos introducida “por la puerta de atrás”, certificados inválidos–, como en la forma, ya que el presidente de la mesa dio su puntuación después de conocer la de los siete vocales.

Por si esto fuera poco, el secretario hizo constar por escrito “la existencia de comentarios (incluso de personas ajenas a la Administración) acerca del sentido de la valoración”, comentarios que, según confirmaron otros cinco miembros de la mesa, dieron en el clavo antes de que el presidente comunicara la puntuación definitiva en favor de Acciona, Osés y Servinabar.

Chivite puede decir, como Pedro Sánchez, que ella no sabía nada y a mí que me registren, pero resulta que de todo ello venía dando cumplida información la prensa navarra desde hace año y medio y ella hizo caso omiso. Lo mismo que el titular de la Consejería de Cohesión Territorial que adjudicó la obra, Óscar Chivite, que no se apellida igual que la presidenta por casualidad sino porque es su tío.

Quienes no sabíamos nada somos quienes no vivimos en Navarra. Esto pasa mucho en las CCAA. La prensa local destapa o se hace eco de casos de presunta corrupción y los políticos siguen como si nada. Mientras no salte a la escena nacional, no hay de qué preocuparse. Y cuando salta a la escena nacional, en el resto de España se echan las manos a la cabeza por cosas que hace años que se venían publicando. Por ejemplo, las adjudicaciones de las ITV fueron un escándalo en la prensa valenciana en 1995, pero a nadie en el resto de España le importó. Cuando 20 años después detuvieron a Zaplana, aquí nadie se extrañó.

Volviendo al ejemplo de Navarra, la Cámara de Comptos autonómica también señaló numerosas irregularidades en el procedimiento, a las que el Gobierno de Chivite hizo el mismo caso que el Consell a las irregularidades de contratación que señala la Sindicatura de Comptes: ninguno.

La investigación posterior en el Parlamento de Navarra desveló un intento desaforado del presidente de la mesa y de altos cargos de la Consejería por “evitar la mala imagen” con intentos de modificaciones a posteriori que paró en seco el secretario de la mesa. Este y el interventor llevaron el asunto a la Oficina Anticorrupción de Navarra, que dejó en suspenso la investigación cuando supo que UPN lo había denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción.

Mientras, Chivite, con el apoyo de EH-Bildu, sostuvo durante más de un año que todo era legal. Y ahora llora, llora en su sillón presidencial en lugar de irse a llorar a su casa.