VALENCIA. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a José Luis Olivas para que preste declaración en calidad de imputado el próximo martes por el agujero que dejó el grupo inmobiliario de Ramón Salvador en Banco de Valencia y Bancaja. Se trata de una de las querellas que presentó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra los exgestores de la entidad financiera por supuestas operaciones irregulares en la concesión de créditos a empresas.

El mismo día está citado, también como imputado, el ex consejero delegado de Bancaja Hábitat José Cortina, mientras que al día siguiente tienen cita ante Pedraz el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo y el empresario ilicitano Ramón Salvador. 

El caso es, en el fondo, similar a otros que también están siendo investigados. La caja y el banco concedieron créditos a inmobiliarias que resultaron fallidos y que, lejos de reconocerlos como tales, se ocultaron en el balance con operaciones rocambolescas que acababan provocando un quebranto en las entidades financieras y beneficiando a los empresarios.

Pero en el caso del Grupo Salvador hay una peculiaridad. Ramón Salvador era accionista de Banco de Valencia. El empresario había comprado un paquete de acciones notable: un 1,42% del capital. Le costó 14,37 millones Pero no lo puso de su bolsillo. El dinero se lo prestó el propio banco y el aval para el préstamo eran los propios títulos.

Según el relato de la querella, cuando Salvador se convirtió en accionista, Banco de Valencia y Bancaja, a través de su filial Bancaja Habitat, montaron tres sociedades conjuntas (Valmur, UEI y Habitat 2018), en las que las entidades financieras eran las máximas accionistas y Salvador entraba en el capital aportando inmuebles sobrevalorados hasta el 29%.

Grupo Salvador llegó además a acumular una deuda de 247 millones de euros con los dos bancos. Solo pagó 80 millones. Según el FROB, en estos negocios "carentes de racionalidad económica" se provocó un quebranto final de 217 millones, en los que están incluidos 120 millones por pérdida de valor de los inmuebles que aportó como dación en pago el empresario.

A lo que se enfrentan Olivas, Izquierdo, Cortina o Domingo Parra por este caso, uno más de la multitud de procesos que tienen abiertos por la quiebra de Bancaja y su participada Banco de Valencia es a una acusación por "vaciamiento patrimonial o distracción de sociedades mediante contratos simulados". El vía crucis judicial no ha hecho más que empezar.