VALÈNCIA (EFE). El abogado de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha pedido a la jueza de Instrucción 3 de Catarroja que imponga la unificación o agrupación de las más de 40 acusaciones particulares y populares que se han personado en la causa penal por la gestión de la dana.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el letrado Eduardo de Urbano considera que "el volumen" de estas acusaciones que intervienen en el proceso "afecta al buen devenir" del mismo y causa indefensión a Pradas.

En su escrito se refiere en varias ocasiones al artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispone la posibilidad de que se imponga a las partes, la agrupación de las distintas acusaciones "en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses".

Además de las decenas de acusaciones particulares, que representan directamente a familiares de las víctimas, están personados varios partidos (Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís), sindicatos (FTAP-CGT, Intersindical Valenciana) y asociaciones (Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més).

En opinión del letrado de Pradas, "el número de acusaciones personadas, tanto particulares como populares, está dificultando la tramitación del procedimiento y afectando frontalmente a su desarrollo sin dilaciones indebidas, al derecho de defensa y a la propia integridad del procedimiento, como viene reconociendo el Juzgado".

"Las notificaciones son, en más de una ocasión, tardías y deficientes, lo que ya ha ocasionado una notoria indefensión. Esto se hace más acusado, como es lógico, cuando se trata de citaciones a testigos o peritos", y lamenta que recibió la notificación de la declaración de una operaria del 112 dos días después de su comparecencia en el juzgado.

El abogado Eduardo de Urbano lamenta, además, que las declaraciones se alargan en el tiempo de forma excesiva, y cita como ejemplo de ello la de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que "llegó a las 7 horas, sin el menor receso para almorzar, acudir al baño o permitir el descanso a los letrados intervinientes y a la propia testigo".

Esas condiciones no son, a su juicio, "las más idóneas, dicho sea con todos los respetos, para desarrollar una instrucción en condiciones".

Por otra parte, cree el letrado de Pradas que con tanta acusación se "hace imposible garantizar el carácter reservado de la instrucción".

"Se trata de algo realmente insólito, por mucha atención mediática que tenga el caso, pues se conculca, como algo inevitable, el carácter secreto que debe tener toda instrucción".

Frente a las posibles alegaciones, especialmente de las acusaciones populares, referidas al hecho de que muchas de ellas están integradas por partidos de diferente ideología, este letrado expone que "dicho argumento, dicho sea en estrictos términos de defensa, no puede ser admitido en modo alguno".

"El signo político de las acusaciones es absolutamente irrelevante, pues lo que se persigue en todo proceso penal es la persecución de un interés general, consistente en el esclarecimiento de unos hechos y su posible respuesta en el ámbito penal, lo que es absolutamente ajeno al debate político que no tiene su sitio en un procedimiento penal", finaliza.