VALÈNCIA. Preocupación en las empresas gestoras de residencias de mayores de la Comunitat Valenciana ante el retraso en el pago de las facturas correspondientes a los servicios prestados desde hace meses y que no avanzan desde enero de este año. Según denuncian, la Conselleria de Servicios Sociales no ha contabilizado los expedientes de pago, lo que ha dejado bloqueada cualquier posibilidad de ingresar las partidas, incluso aquellas que podrían financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario que el Gobierno de España tiene comprometido con la Generalitat y al que, en las últimas semanas, el Consell ha achacado impagos como los de las farmacias.

“El problema radica en un tapón administrativo: la Intervención no valida los paquetes de expedientes en el caso de error y, aunque algunos estén correctamente documentados, todos quedan paralizados y deben tramitarse de nuevo desde cero”, explican desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana. Mientras, desde el departamento de Susana Camarero señalan que están avanzando en la cuestión, pero asegura que se trata únicamente de un problema de liquidez. "Los enriquecimientos injustos, que es el grueso de las facturas, están paradas por falta de liquidez.  En cuanto al procedimiento, los expedientes los recibe la Dirección Territorial, que revisa y envía a la Dirección General de infraestructuras Sociosanitarias, que es la que valida junto con la Intervención delegada de la Generalitat, y los eleva al Consell. El Consell aprueba estos pagos, que vuelven a Intervención para fiscalización y contabilización y pasan a Hacienda, que es quien los canaliza todos los pagos. Todos los enriquecimientos injustos están en este punto, en Hacienda, por un problema de falta de liquidez por no haber recibido el Fla ni el extra Fla", recalcan.

En este sentido, aseguran que es una cuestión financiera, no administrativa. "El bloqueo del extra FLA por primera vez en 13 años y por motivos exclusivamente de tacticismo político está asfixiando financieramente a la Generalitat y, por extensión, a los proveedores de servicios públicos fundamentales. Y por eso la consellera de Hacienda exige cada día su desbloqueo", señalan. La deuda acumulada por los impagos a las residencias  ha sobrepasado los 26 millones, poniendo en riesgo el abono de las nóminas y la viabilidad económica de muchos centros, según explican desde las residencias.

“Sin liquidez ni certezas sobre los flujos de caja, la estructura de costes como el alquiler, suministros o personal se vuelve inmpagable y e conduce al cese de actividad”, advierten desde una de las compañías. "Desde el punto de vista de la gestión pública, esta situación constituye un agravante crítico que tensiona aún más un sistema ya fragilizado por la introducción de criterios de contratación que no priorizan la solvencia ni la estabilidad. El retraso en los pagos no solo evidencia una desconexión entre las decisiones políticas y los procedimientos administrativos, sino que también revela una ausencia de mecanismos de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en contextos de incertidumbre presupuestaria", insisten.

Ante este panorama, las asociaciones del sector exigen una revisión urgente de los instrumentos de gobernanza del sistema de servicios sociales. Reclaman la adopción de criterios de previsibilidad financiera, con plazos de pago máximos legalmente vinculantes, seguridad jurídica en la tramitación de expedientes y sostenibilidad operativa que proteja tanto a las entidades proveedoras como a las personas usuarias, quienes se verían directamente afectadas por el deterioro de la calidad asistencial.

El pasado mes de mayo, el Consell autorizaba la contratación de la gestión integral de residencias públicas de mayores en Paterna, Benetússer, Benejúzar y Orihuela por un importe de 35 millones para empezar a subsanar este problema y regularizar la situación. Estos contratos afectan a las mencionadas residencias públicas, cuya continuidad en la prestación del servicio requiere una nueva contratación tras finalizar los contratos anteriores, que en algunos casos, como se apuntaba, habían caducado en 2019. Unos concursos que la Conselleria de Servicios Sociales tenía previsto sacar en el primer trimestre del año. No obstante, todavía quedan numerosos por licitar.