VALÈNCIA. Tras casi siete meses de la Dana, la investigación judicial sigue su curso en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja con dos investigados -la exconsellera Salomé Pradas y el ex 'número dos' de Emergencias Emilio Argüeso- y hasta 40 acusaciones personadas. Una instrucción compleja que la magistrada encargada está llevando con diligencia y contundencia mientras que la Fiscalía mantuvo desde el principio un papel secundario. Desde entonces, sin embargo, se ha pronunciado en diferentes ocasiones con motivo de los numerosos recursos que se han presentado, por unos o por otros, contra las decisiones que ha tomado de la jueza.

Así pues, estos escritos del Ministerio Fiscal le han permitido dejar clara su posición en aspectos esenciales de la investigación. Y lo cierto es que, a grandes rasgos, la acusación pública ha avalado hasta ahora muchas de las consideraciones que ha hecho la instructora, al menos en lo que se refiere a las cuestiones nucleares de la instrucción: qué hechos y delitos se investigan y de qué institución era la responsabilidad. Así, desde el inicio dejó claro que compartía el criterio de la jueza de "acotar" las indagaciones a las consecuencias sobre las personas (heridas y muertes) como consecuencia, en su caso, "de conductas imprudentes".

Esta declaración, la primera de calado, se produjo a principios de marzo pero se ha reiterado en este aspecto conforme avanzaba la investigación. Especialmente ante la insistencia de la Asociación de Damnificados Dana de l'Horta Sud de Valencia de incluir en el caso también los daños materiales, que la jueza había dejado fuera porque, según dijo, no se podían evitar. De este modo, la Fiscalía apoyó a la magistrada señalando que los hechos denunciados "no permiten aseverar que tales desperfectos fueren motivados" por las obras no ejecutadas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o por la alerta tardía de la Generalitat. 

Además, el representante de la Fiscalía, Cristóbal Melgarejo, aseguró que sería "inviable" diferenciar los "menoscabos patrimoniales" provocados por el desbordamiento y aquellos que fueron resultado de los sedimentos arrastrados por el agua; o distinguir entre los bienes que los ciudadanos "hubieran podido salvaguardar" si hubieran sido avisados antes de aquellos que "inevitablemente hubieran sido dañados por la sola acción del agua". Y convirgió con la jueza también en dejar fuera los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación omisiva.

También el Ministerio Fiscal ha estado de acuerdo con que la responsabilidad de protección civil correspondía a la Generalitat Valenciana. Lo ha hecho recientemente ante unas diligencias de investigación que solicitó Liberum para esclarecer si el presidente del Gobierno convocó o no el Consejo de Seguridad Nacional. A lo que el fiscal respondió que el día de la Dana "no fue declarada la situación de emergencia de interés nacional", de manera que "el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil" como recoge la normativa.

Pero ya lo había hecho semanas atrás con ocasión de un recurso presentado por Hazteoir para señalar la responsabilidad en la tragedia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El escrito de la acusación popular fue contundente aquí al recordar que la dirección de la emergencia correspondía a la entonces consellera, Salomé Pradas, y que era la responsable de las medidas de protección a la ciudadanía mientras que Bernabé no tenía "un dominio funcional del riesgo", por lo que no se le podría imputar ningún delito.

Fiscalía insistió, en otro escrito contra un recurso similar de Liberum, en que el cometido de Bernabé era "de estricta coordinación de la administración estatal con la autonómica" dado que estaba activado el nivel de emergencia 2 y no el 3, por lo que no podría imputársele ninguna responsabilidad "respecto al resultado generado -fallecimientos o lesiones de personas como consecuencia de las inundaciones descritas-" porque no se encontraba "en la posición de garante".

De esta manera, la Fiscalía ha avalado la citación de Pradas como investigada. No así del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. En ese caso, el Ministerio Fiscal se desmarcó del criterio de la jueza y llegó a señalar que esa"inculpación confronta con el principio de culpablidad que rige el derecho penal". Así, argumentaba que la complejidad de la estructura administrativa "en ningún caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea".

Ha habido otros detalles en los que la jueza y la acusación pública han mostrado sus discrepancias. La última vez, hace pocos días, a cuenta del informe cronológico que está elaborando la Guardia Civil a petición de la propia instructora. Una de las acusaciones particulares que aglutina a varias familias de víctimas, representadas por el abogado Francisco Regalado Rojas, recurrió la decisión de la jueza de denegar diligencias sobre las presas de Forata y de Buseo, por lo que la Fiscalía se adhirió parcialmente al considerar necesaria la incorporación de estos datos al informe de la Guardia Civil.

Sin embargo, la magistrada se opuso a facilitar al cuerpo los datos de la presa de Forata para la elaboración de ese documento. Algunas defensas han intentado vincular el supuesto desembalse de la presa con los fallecimientos en el barranco del Poyo, pero los expertos han asegurado claro que son cuencas diferentes y que la presa no desembalsó, lo que llevó a la jueza a calificar estas afirmaciones como un "auténtico bulo". Regalado ha presentado un escrito de aclaración y recurrirá en apelación la denegación de diligencias.

Cabe recordar que este mismo informe ya supuso un pequeño punto de conflicto entre ambas partes porque la Fiscalía había solicitado la elaboración de un informe sobre todos los acontecimientos y posibles responsabilidades penales de los altos cargos. Pero la jueza se negó porque, según explicó en un auto en dicho momento, eso supondría una suerte de investigación paralela a la que estaba realizando la propia jueza, que tiene la competencia exclusiva para ello.