VALÈNCIA. La jueza de la Dana insiste en desmontar cualquier suspicacia sobre el impacto que pudo tener el agua que salía de la presa de Forata en los fallecimientos registrados a lo largo del barranco del Poyo y en la 'zona cero' de la catástrofe, en l'Horta Sud. El supuesto desembalse de la presa había sido precisamente uno de los debates surgidos tras la catástrofe del pasado 29 de octubre, impulsado por algunas asociaciones como Liberum o Hazteoir para señalar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) pero que especialmente tras la declaración de un perito el pasado viernes parece haberse neutralizado.

Este lunes, la magistrada que instruye la causa penal lo ha vuelto hacer al rechazar la petición de la representación de una familia para investigar el papel que jugó esta presa en el fallecimiento de su pariente, que se produjo en el municipio de Cheste a causa del desbordamiento del barranco del Poyo. Así pues, la jueza deja claro en el auto que las causas de su muerte no tuvieron nada que ver con la presa de Forata y que, en todo caso, "puede pedir diligencias encaminadas a investigar lo que sucedió en el barranco del Poyo, teniendo en cuenta que el finado se encontraba en Cheste", cerca del barranco de Chiva.

La titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja sostiene su postura en la declaración de dos peritos. El último, experto de la Universitat Politécnica de València (UPV), acudió a declarar la pasada semana y dejó claro que la presa de Forata "funcionó bien, que hizo su papel" y que "no desembalsó por coronación, sino sólo vía aliviadero". Esto es, que no se decidió abrir las compuertas sino que "el aliviadero de superficie está siempre abierto", tal como recoge la jueza en su auto.

En ese sentido, cita al mismo perito para aclara que, en todo caso, "el agua que se alivió de la presa de Forata no pudo llegar a los municipios de alrededor del barranco del Poyo ni de otros barrancos que desembocan" en el mismo dado que "son cuencas distintas". Así, tal como explicó el especialista, al embalse de Forata llegan los caudales del río Magro que empezaron a hacer daño en la zona de Utiel por la mañana aquella jornada, y el papel de la presa fue "netamente beneficioso", si bien su colapso hubiera provocado un desastre "aún mayor".

A este respecto, trae a colación la comparecencia de otro testigo-perito que declaró que la presa de Forata "evitó que la riada, en la Ribera, fuera aún más devastadora al frenar la mitad del caudal del Magro. Cabe recordar que aquella jornada, llegaron a entrar hasta 2.000 metros cúbicos por segundo y su capacidad de aliviadero era de 1.000 metros cúbicos por segundo. Esto hizo que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, alertara de una posible rotura de la presa, lo que motivó que "el primer mensaje de alerta" masiva que se redactó fuera "motivado" por este peligro, y se pensaba dirigir "a poblaciones próximas al río Magro", tal como explicó uno de los técnicos de Emergencias encargados de esta tarea de redacción. Tras desaparecer ese riesgo, "se descartó" el mensaje y se ordenó redactar otro dirigido a toda la provincia.

En la causa están incorporados varios informes remitidos por la propia CHJ sobre las presas de Forata y de Loriguilla, con datos sobre la entrada y salida de caudales durante los días 28, 29, 30 de octubre y 1 de noviembre. Además, están citados a declarar en calidad de testigos trabajadores de la Confederación así como el presidente del organismo, una comparecencia que se considera clave para saber lo que ocurrió aquella tarde fatídica. Por todo ello, la magistrada ha rechazado la práctica de las diligencias solicitadas por la acusación particular.

Vuelve a rechazar la responsabilidad de Aemet

Por otra parte, y de nuevo, la jueza rechazó en otro auto que se pueda atribuir responsabilidad penal a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y que se tome declaración como investigado a ninguna persona, que ejerciera funciones, directivas o no, de este organismo, ya que considera que "no tiene sentido" y que fue precisamente esta entidad quien señaló como "día ágido" del episodio de lluvias el 29 de octubre.

Así lo indica en un auto en el que admite la personación del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias como acusación popular contra el investigado Emilio Argüeso, que fue secretario autonómico de Emergencias, si bien pide a la representación legal de este último que alegue si existe incompatibilidad o no en su defensa dado que la ejerce un letrado que se ha definido públicamente como "abogado de referencia" de esta organización y jefe de sus servicios jurídicos y representa al sindicato en otros procesos penales.

Esta parte había manifestado la voluntad de ejercitar la acción penal contra Argüeso y los representantes de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En relación con este último organismo, la jueza reitera que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo "resulta desmentida" por la remisión de correos del SAIH y por la posibilidad de acceso al sistema, ni tampoco se puede, de forma paralela, atribuir responsabilidad penal al presidente de la agencia, Miguel Polo, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo.

Y sobre la Aemet, recuerda la declaración del perito ingeniero hidráulico que compareció el 9 de mayo en el juzgado y que declaró que la agencia "acertó plenamente en sus predicciones". "Lo anterior constituye un hecho obvio, conocido públicamente, sin un específico conocimiento de la causa, solo por la lectura de los medios de comunicación y por la actuación conocida de diversas entidades e instituciones, que sí que atendieron a las previsiones de la Aemet entre ellas la Universitat València", indica la jueza.