VALÈNCIA. "Es un hecho que la inseguridad jurídica ha sido continua en todos los años del contrato". Así de rotunda se ha mostrado la ex gestora del Hospital de Manises en la formulación de sus cuentas de 2024, el último año en el que estuvo al frente de la gestión del departamento de salud valenciano. Fue en mayo de ese mismo año cuando Especializada y Primaria L'Horta Manises SA ejecutaba la reversión de la gestión a la Conselleria de Sanitat. Desde que se iniciara el modelo en 2003, la dificultad de las compañías adjudicatarias para cerrar las liquidaciones con la administración ha sido compleja. En el caso de Manises, la primera liquidación en firme se cerró 13 años después de iniciar el contrato.
La de Manises se trata de la última reversión prevista de las cinco que se iniciaron al calor del 'modelo Alzira', ya que el departamento de Marciano Gómez decidió prorrogar otros cinco la referente a Elche-Vinalopó. El traspaso de competencias de Manises a conselleria se formalizó el 6 de mayo de 2024, fecha en la que finalizó la vigencia del contrato de gestión de servicios públicos en modalidad de concesión, firmado en diciembre de 2006. Según señala el informe que acompaña a las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la reversión se produjo sin incidentes ni imprevistos, y quedó formalizada mediante un acta que recogía las condiciones de entrega del hospital. Desde ese momento, la gestión pasó oficialmente a manos de la Conselleria.
Una gestión marcada por la inestabilidad jurídica
A pesar del cierre ordenado, la ex gestora, participada por Sanitas, ha recordado en que el periodo concesional estuvo constantemente afectado por un clima de incertidumbre legal. Como se apuntaba, esta situación tuvo un punto de inflexión en julio de 2023, cuando la Conselleria asumió finalmente la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2018. A raíz de esa sentencia, se cerraron las liquidaciones pendientes de los ejercicios 2009 y 2010, lo que supuso un desembolso de más de 22 millones de euros por parte de la Sociedad a favor de la administración.
La sentencia, sin embargo, no resolvía por completo el conflicto económico. El tribunal también ordenó la liquidación de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2021, proceso que seguía en curso al cierre de las cuentas. En octubre de 2024, la Conselleria inició formalmente el expediente de liquidación de los ejercicios 2011 a 2014 y en febrero de 2025 notificó informes preliminares que presentaban discrepancias con los registros de la Sociedad. Las alegaciones presentadas por la entidad siguen, en el momento del informe, sin respuesta.
Inversiones y compromiso asistencial
Pese a las dificultades administrativas y judiciales, la sociedad subraya que durante todo el periodo concesional se mantuvo firme su compromiso con la sanidad pública de calidad. Según reflejan sus últimas cuentas, en 2024 se realizaron inversiones por valor de un millón de euros, destinadas principalmente a equipamiento médico-quirúrgico y sistemas de información.
La empresa destaca que estos esfuerzos se llevaron a cabo con el objetivo de mantener el estándar asistencial, la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad del servicio sanitario. Desde el inicio de la concesión en 2009, la inversión total acumulada asciende a 139 millones de euros. En 2024, la sociedad facturó 63 millones frente a los 167 del año anterior, debido a que el contrato finalizó en mayo. La compañía cerró 2024 con 4,9 millones de beneficio frente a los 1,8 de pérdidas del año anterior.
Entre los factores que han condicionado la planificación económica de la concesionaria, la entidad menciona el impacto del Decreto 74/2015 del Consell, que introdujo la libre elección en el sistema sanitario valenciano. Esta normativa obligó a la actualización del Plan Económico Financiero en 2015, un proceso que, según la Sociedad, se basó en las mejores estimaciones disponibles en su momento. Aun así, advierte que eventos futuros podrían haber forzado nuevas adaptaciones.
