SANTA POLA. La defensa del ex alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, ha mostrado su disconformidad con el fallo que condena a Miguel Zaragoza a seis años de medio de prisión por delitos de prevaricación en concurso con fraude (dos años) y cohecho (cuatro años y medio) en relación con el denomiando caso de la clínica Gran Alacant. La defensa tiene claro que presentará recurso, pero ha solicitado al tribunal de la sección undécima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, que es la que ha emitido la sentencia, que aclare ante qué instancia se puede presentar el recurso, ya que, a su jucio, debe ser de apelación, y no de casación. 

La razón de este planteamiento es que el fallo judicial sobre el caso de la Clínica Gran Alacant dice, en su parte final, que "cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sección en el término de cinco días a contar desde su notificación". Pero la defensa de Zaragoza discrepa de este precepto y por ello ha solicitado una aclaración sobre este punto, más allá de los razonamientos que pueda utilizar para contrarrestar los argumentos de la sentencia. Y considera que el recurso que cabe es el de apelación y, en este caso, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Y para ello, el letrado Lorenzo Bonmatí se apoya en otra resolución de este mismo tribunal -en el que coincidieron dos magistradas- que sostiene que ”el art. 846 ter, 1 de la LECrim, establece que las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en primera instancia serán recurribles en apelación ante las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de su territorio". En el caso de la Clínica Gran Alacant, Bonmatí recuerda que el "auto de incoación de diligencias previas, es de fecha, 21-12-2016 y, por lo tanto, con posterioridad al 06-12-2015, de ahí que el recurso procedente es el de apelación".

Por ello, la defensa de Zaragoza espera la aclaración y la correción de este precepto para presentar recurso ante el fallo judicial. Hay que recordar que, además de Zaragoza, la sentencia condena el exconcejal de Personal de Santa Pola, Jorge Perelló, y los dos médicos responsables de la clínica, Fernando Gómez Soler y Manuel Rodríguez Bernal, estos últimos como cooperadores necesarios. Todos ellos deberán indemnizar solidariamente al Ayuntamiento de Santa Pola con 109.371 euros, de los cuales ya se han abonado 13.022 euros. Los 109.371 euros es la cantidad que el consistorio dejó de ingresar por el alquiler de sus dependencias.  Por su parte, la hermana del exalcalde y pareja del concejal, Pilar Zaragoza, ha sido condenada a dos años y tres meses de prisión como cómplice de cohecho.