VALÈNCIA. La 'operación colegios' es una de las ramas del conocido como 'caso Azud', que investiga el presunto cobro de mordidas a cambio de beneficios urbanísticos para el conglomerado empresarial de Jaime Febrer. En este caso, una de sus empresas asumió una deuda millonaria del Ayuntamiento de València, que encabezaba Rita Barberá, a cambio de suelo residencial recalificado previamente y que, según la Fiscalía y la jueza, habría sido tasado por debajo de su valor real, lo cual habría provocado un perjuicio directo a las arcas municipales.

El Ministerio de Hacienda ha aportado a la causa un informe ampliatorio de un análisis anterior a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción después de que uno de los investigados, Federico Ferrando, cuestionara la tesis del perjuicio patrimonial al consistorio del Cap i Casal con la operación. Sin embargo, el documento presentado por la Agencia Tributaria insiste en que los beneficios para la empresa Mediterránea Actuaciones Integradas (MAI) fueron "espectaculares".

El investigado señalaba que la operación "no generó daño patrimonial para el Ayuntamiento de València" porque la deuda que asumía la firma, teniendo en cuenta los intereses, era de casi 38,5 millones de euros mientras que el valor de tasación de los terrenos que se quedó era de 35,2 millones de euros. Pero la Agencia Tributaria insiste en que el daño se produjo en el momento en el que se cedieron dichas parcelas por "un valor debajo del de mercado en ese momento" y en un contexto "de subida acelerada de precios".

En ese sentido, apunta que por aquel entonces (2007) se estaban registrando subidas medias de precios del 22% anual, pero apunta que "lo más importante es que la pérdida patrimonial del Ayuntamiento se convitió en ganancia patrimonial de una empresa que fue seleccionada arbitrariamente en lugar de sacarse los inmuebles a subasta pública como era preceptivo".

Por su parte, el investigado señalaba que "no tiene importancia que hubiera varias tasaciones, ni quién las encargó" -la magistrada apunta a que se pidió, sin concurso, a la misma tasadora que contrataba Febrer- sino que "se eligió la tasación por el mayor importe, que es la que más beneficiaba al ayuntamiento". Y cuestionaba la tasación realizada por Hacienda en su primer informe, que alcanzaba los 54,8 millones partiendo de precios de venta menores que los que tuvo en cuenta Tinsa, la tasadora elegida por el Ayuntamiento.

Sobre esto, Hacienda insiste en que "no está justificado" que el consistorio externalizara la tasación porque tenía un departamento para efectuar valoraciones de inmuebles y "la tasación se podría haber realizado por funcionarios". Y considera "meridianamente claro que se eligió la tasación más conveniente y se cambió la calificación del suelo a vivienda protegida en la parte necesaria para que el valor de los inmuebles encajara exactamente con la deuda en ese momento".

Así, señala que el Ayuntamiento inluyó la cantidad de vivienda protegida exacta para reducir su valor lo suficiente para hacerlo coincidir con la deuda pendiente. "Para eso se encargaron tasaciones con los dos supuestos, de vivienda libre y protegida, para poder obtener el importe exacto de la deuda combinando ambos valores en la proporción necesaria", señala el informe de la Agencia Tributaria, que apunta que se eligió la más alta de las solicitadas porque "todas ellas tenían un marcado sesgo a la baja".

"Es muy importante quien encarga la tasación, así como es muy importante la finalidad de la tasación, ya que según su finalidad el sesgo será uno u otro", dice la Agencia Tributaria, según la cual lo normal cuando vas a venedr "es que el sesgo sea al alza y el valor cuanto más alto mejor, al contrario de lo que ocurrió en este caso". Así, respalda la tasacióan realizada en su informe previo.

Por otro lado, el investigado también sosteníaq ue MAI "tuvo pérdidas con ese negocio" porque en 2018 vendió esos tres solares a tres compañías por un valor total de 33,6 millones de euros. Pero el informe apunta a que en aquel momento la operación era "muy rentable puesto que el mercado llevaba en subida creciente desde hacía más de 20 años" y que no se preveía el "inesperado cambio posterior" en el mercado, con el pinchazo de la 'burbuja'.

La agencia considera sospechoso que la suma de la venta de los tres solares sumara exactamente (sin ni siquiera decimales) 33,6 millones de euros y que "todos se transmitan el mismo día a tres empresas que fueron creadas para la construcción del edificio (según se deduce por su denominación, que es nombre del edificio)". Por lo que, a su juicio "cabe la duda razonable de si este precio corresponde a una compraventa real, ajustada al mercado, o una operación societaria en la que el valor de los inmuebles no responde al funcionamiento del mercado plenamente sino también a intereses de las sociedades.

Finalmente, esas tres compañías vendieron los pisos por valores que oscilaron entre 2.800 y 3.300 euros por metro cuadrado entre 2021 y 2023. "Se observa que de por sí los precios medios de las viviendas de las promociones de la zona, a pesar de la bajada de precios del mercado, eran muy superiores a los que se esperaban en 2007", señala al cifrar entre 2.600 y 2.700 euros por metro cuadrado el precio medio de aquellos años. La Agencia homogeneiza los valores para compararlos y concluye que "los beneficios han sido espectaculares".

En toda la operación el empresario habría contado, según la jueza, además de con la inestimable "participación activa" de Alfonso Grau, también con la del entonces concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, así como de dos funcionarios: Esmeralda Orero, jefa de servicio de Patrimonio; y Jesús Rafael López, jefe de Servicios Educativos. Pero también estarían vinculados el cuñado de la alcaldesa, José María Corbín; el abogado vinculado al PSPV, José Luis Vera; y el que fuera portavoz socialista en la oposición en el consistorio por aquel entonces, Rafael Rubio, que habrían cobrado comisiones por la operación. El último, presuntamente, a cambio del silencio público.