VALÈNCIA. Parecía un capítulo del pasado, pero el proyecto de Intu Mediterrani vuelve a la escena pública. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valeciana (TSJCV) ha anulado la caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del proyecto, aprobada por el Consell del Botànic en 2021, obligando así al actual gobierno autonómico del PP a tramitar este proyecto, más conocido por su nombre primigenio, Puerto Mediterráneo, y que promueve la construcción de un 'macrocentro' comercial y de ocio en la localidad valenciana de Paterna. Por el momento, eso sí, la promotora no ha hecho ninguna petición formal al Consell para reiniciar el proceso, según ha podido saber este diario.

En concreto, en la sentencia, fechada el pasado 6 de junio de 2024 y a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, el alto tribunal valenciano considera que la anulación del procedimiento de este proyecto fue indebida por parte del gobierno de Ximo Puig, por lo que exige que se "continúe la tramitación". Fue en 2021, cuando el Consell anterior lo enterró, después de que la sociedad promotora Intu Found Valencia no consiguiera depositar la garantía de un millón de euros que le exigía la Administración valenciana para seguir adelante con la tramitación. Un montante que para el ejecutivo era condición necesaria, ya que era un requisito que se recogió en el acuerdo que selló la compañía con el Consell en 2013, por el cual se calificó este desarrollo como Actuación Territorial Estratégica, figura urbanística que ya no existe en el ordenamiento valenciano. Al no cumplir con el pago, el Consell declaró la caducidad del expediente y lo archivó.

Esta decisión fue recurrida por sus impulsores que defendían que habían presentado una garantía real mediante hipoteca unilateral a favor de la Conselleria el 5 de mayo de 2021, adjuntando un informe de tasación. La Administración consideró que esta garantía real no se ajustaba a los términos requeridos. Sin embargo, la Sección primera de la Sala de lo contencioso-administrativo considera que la ley permitía expresamente la constitución de garantía real o financiera según la legislación urbanística. Por lo tanto, el alto tribunal rechaza el argumento del anterior gobierno y declara la validez de la garantía hipotecaria presentada por la compañía, anulando la caducidad de la ATE y obligando a retomar el proyecto.

La resolución no era firme y cabía recurso de casación, pero la Generalitat Valenciana decidió acatar la decisión judicial y no recurrir. Por tanto, ahora se abre un nuevo escenario en caso de que la empresa quisiera retomar el desarrollo. Por ahora, según ha podido saber Valencia Plaza, no se ha dado ningún paso formal en este sentido, más allá de reuniones informales en las que se ha hablado de una iniciativa diferente y actualizada a los nuevos tiempos. Y es que la situación urbanística y las exigencias ambientales han cambiado desde 2021, por lo que lo más probable es que sus impulsores deban redefinir la iniciativa. 

El propio presidente de Eurofund, Ian Sandford, reconocía en 2023 al diario Cinco Días que el proyecto se modificará, dado que las preferencias y prioridades de los consumidores han cambiado tras la pandemia, por lo que el espacio comercial podría ser más pequeño, además de adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad. 

Pero, además, habrá que ver si Eurofund consigue fondos para poder desarrollar la actuación. Cabe recordar, que la sociedad Intu Found Valencia estaba formada por el grupo español Eurofund Investment y la británica Intu, que quebró en 2020 al no poder hacer frente a una deuda que superaba entonces los 5.000 millones de euros al cambio. En un principio, el grupo español barajó la posibilidad de comprarle a Intu su parte en Puerto Mediterráneo, como hizo con el centro comercial que ambas compañías desarrollaban en Torremolinos, pero finalmente esa opción se descartó. Por tanto, Eurofund deberá decidir si busca nuevos socios o si, por el contrario, decide continuar en solitario.

Algo que parece probable a la vista de sus movimientos. De hecho, como ya publicara este diario, el grupo español buscaba la complicidad del PP, aprovechando su regreso al Palau de la Generalitat Valenciana, ya que fue precisamente con el popular Alberto Fabra cuando se inició el periplo administrativo del expediente sin que entonces hubiera problemas. Además, la compañía, junto a socios minoritarios, es la propietaria de la mayoría de los terrenos en los que se proyectó en su día el espacio comercial. 

Larga batalla con la Generalitat Valenciana

El camino ahora parece más sencillo, ya que cierto es que una parte del gobierno anterior se mostró desde un principio en contra de esta iniciativa. Los principales detractores fueron las formación de Compromís y Podem que hasta ahora ostentaban el gobierno autonómico. "Intu, Go Home", llegó a expresar el subsecretario de la Conselleria de Economía, Natxo Costa. Desde el principio, la Conselleria de Economía controlada por Compromís evidenció su oposición al establecimiento de este gran complejo por no encajar con su modelo comercial.

Para ello, adoptó toda una serie de medidas como el blindaje ambiental del terreno de Les Moles, enclave donde se ubicaba el futuro centro comercial, a través de la ampliación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia, más conocido como PORN del Turia. Una norma que protegía el suelo impidiendo su urbanización. No obstante, la compañía recurrió esta decisión al señalar que este plan tenía como fin torpedear el desarrollo porque, a su juicio, esos suelos "carecen de valor ambiental". Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló parte de este plan, sin que la Generalitat recurriera,  aunque sí lo han hecho algunas asociaciones ecologistas. 

Los inicios del proyecto se remontan a 2013 cuando la Generalitat Valenciana, entonces presidida por el popular Alberto Fabra, aceleró la tramitación del proyecto a través de la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) al considerar de relevancia esta iniciativa privada por la generación de renta, empleo y la dinamización del tejido productivo que iba a suponer. Este desarrollo fue avalado en 2015, pero con la entrada del Botànic en la Generalitat Valenciana, la situación cambió, principalmente por el manifiesto rechazo de dos de sus socios, Compromís y Podem.

Un año más tarde, en 2016, el Consell emitió la memoria medioambiental desfavorable que tumbó el proyecto. El principal escollo residía en que el complejo no se guardaba una distancia con las carreteras colindantes, CV-25 y CV-31. También pesaron aspectos de contaminación o el hecho de que el espacio a construir fuera la una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de València.

Los promotores modificaron el proyecto, incluso lo rebautizaron a Intu Mediterrani, para atender las peticiones de la administración y redujeron un 25% su superficie, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000 metros. Para ello, se comprometió a invertir 860 millones de euros y generar más de 5.000 empleos anuales directos. Pero, pese a los cambios, las críticas continuaron y el pleito acabó en los tribunales con varios recursos.

En uno de ellos, Intu no consiguió la indemnización de 300 millones de euros que reclamaban a la Generalitat Valenciana por daños patrimoniales ante la parálisis. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó esta compensación al no verla justificada. Sin embargo, sí logró que el Tribunal Supremo considerara que la memoria medioambiental desfavorable del gobierno valenciano era insuficiente, obligando a reconsiderar el proyecto. Una victoria judicial que no sirvió para poder acometer este desarrollo porque la Generalitat le dio carpetazo al considerar que no se había cumplido con la exigencia de presentación del aval. No obstante, con esta nueva decisión se abre un nuevo panorama para la empresa, que deberá mover ficha en caso de querer seguir dando la batalla.