Comunitat Valenciana

Camarero denuncia una "imposición" de reparto de menores por parte del Gobierno "sin criterios objetivos"

  • Susana Camarero en una imagen de archivo.
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VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno de España que "desarrolle una verdadera política migratoria" y ha denunciado que "pretende imponer un reparto de menores migrantes no acompañados sin criterios objetivos, sin planificación, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades autónomas".

Así lo ha trasladado durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid, en la que ha mostrado su "solidaridad" con Canarias "por la situación que padece de crisis migratoria desde el otoño de 2023" y ha recriminado que el Gobierno central "pretenda solucionar el problema trasladando su responsabilidad a las comunidades autónomas, sin contar con una política migratoria real", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Así, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "incumpla su responsabilidad y ponga parches ante su incapacidad de abordar una política real que permita atajar la crisis migratoria con el único objetivo de obtener el plácet de los independentistas catalanes para mantenerse en La Moncloa y todo a costa de la dignidad de los menores".

Camarero ha lamentado que el Gobierno central "convoque una reunión tan importante sin trasladar la información de lo que se quiere debatir e imponiendo a las autonomías un orden del día en el que no han podido participar".

"Una convocatoria que no es legal y que tratan de urgente cuando hablamos de este problema desde hace dos años y que no va a acabar porque estamos con un Gobierno incapaz de atajar la inmigración de forma efectiva", ha aseverado.

A su juicio, la crisis migratoria "se debe a la falta de política migratoria del Gobierno de España, que provoca un efecto llamada" y ha exigido una política migratoria en origen "para evitar que los migrantes se jueguen la vida en el mar", así como una "política de prevención y de reparto en coordinación con el resto de los países europeos".

"Irresponsable"

Para la vicepresidenta, "aceptar el reparto masivo de menores que pretende imponer el Gobierno de España es irresponsable porque provoca el colapso del sistema de acogimiento, un hacinamiento y una falta de capacidad de atender con la dignidad que merecen los menores no acompañados" y, por ello, ha subrayado que la Generalitat presentará un recurso de inconstitucionalidad al Decreto.

Camarero ha reiterado que "la Comunitat Valenciana es una autonomía solidaria y receptora, dado que llegan migrantes a las costas y, además, durante el año 2024 aumentó el número de plazas en un 66 por ciento y, pese a ello, hoy hay con una sobreocupación del 160%".

También ha detallado que coste del proyecto migratorio "supone más de 23 millones anuales que el Consell asume casi en solitario, dado que el Gobierno solo paga 1,2 millones".

Asimismo, ha precisado que los centros gestionados a través de conciertos, mediante los que se ofrece a los menores una atención integral y de calidad, "tienen un coste por cada menor al día de 218,85 euros", por lo que se ha preguntado si el Gobierno "va a transferir a la Comunitat Valenciana 6.500 euros al mes, 78.800 euros por cada menor al año, para cubrir estos gastos o si lo que busca es crear menores de primera y de segunda".

Ante esta situación, Camarero ha reclamado al Ejecutivo central "la financiación necesaria para compensar los gastos derivados de la acogida de menores en la Comunitat Valenciana, que merecen una atención digna".

La consellera ha considerado "inaceptable la infrafinanciación que sufre este territorio, que ha padecido la peor tragedia natural de la historia de España y que, actualmente, asume un importante esfuerzo económico para mantener los recursos destinados a menores no acompañados".

Asimismo, ha alertado sobre "los problemas prácticos del reparto de menores porque no hay infraestructuras donde ubicarles" y ha señalado que la Comunitat Valenciana "ofrece una atención integral de calidad a los menores tutelados".

"Nuestros centros están gestionados con criterios de calidad, en espacios reducidos y personalizados. No podemos aceptar modelos de hacinamiento que perjudiquen a los menores y deterioren el sistema", ha afirmado.

"Carece de política de emancipación"

Del mismo modo, ha criticado que el Gobierno "deje tirados a los menores en cuanto cumplen los 18 años" porque "carece de política de emancipación, mientras que la Comunitat Valenciana sí ofrece recursos de emancipación": "Cuando llega la mayoría de edad y llega la realidad, nos encontramos con menores sin casas, sin trabajo, sin papales y en la marginación social por no darles atención, planificación y seguimiento".

Por todo ello, la consellera ha insistido en que "este Gobierno no puede incumplir de forma permanente su responsabilidad y, al mismo tiempo, pretender que las comunidades autónomas asuman las políticas migratorias". Por ello, ha rechazado el reparto propuesto "no por falta de solidaridad, sino por sentido común, por responsabilidad y porque no se va a permitir que se juegue con la dignidad de los menores que ya hay acogidos en nuestro sistema".

Respecto a que el Tribunal Supremo instara al Gobierno a hacerse cargo en diez días de unos mil menores solicitantes de asilo en Canarias, Camarero se ha cuestionado "cómo es posible que un Gobierno no tenga capacidad para acoger a estos menores y quiera imponer a las comunidades autónomas que acojan a un número importante de menores". "El Gobierno de Sánchez puede incumplir permanentemente su responsabilidad y buscar que las comunidades autónomas se hagan cargo de su incompetencia", ha criticado.

"De nuevo, y no es la primera vez, este Gobierno burla a las comunidades autónomas e intenta tapar su incapacidad de hacer frente a la crisis migratoria", ha subrayado, al tiempo que ha lamentado "el autoritarismo del Gobierno que, ante la postura en contra de la mayoría de las comunidades, ha aplicado el rodillo y no ha permitido votar".

Finalmente, Camarero ha sostenido que "es racista crear un sistema de acogimiento que no posibilite la atención que requieren los menores que están acogidos en los centros".

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