VALÈNCIA. Vox ya no es ese partido de obediencia férrea y discurso monocorde que prometía orden en cada administración local. Algo se ha roto, y lo ha hecho con estrépito en uno de sus principales bastiones: la Comunitat Valenciana. En apenas siete días, la formación de extrema derecha ha sufrido cuatro bajas de concejales en municipios donde no solo estaba presente como socio de gobierno del Partido Popular (PP), sino que ocupaba posiciones de poder real.

La situación ya no es anecdótica y cada renuncia encierra motivos que, más allá del caso particular, dibuja un patrón de desgaste político y fractura organizativa. La más reciente se ha producido en Nàquera. Allí, Vox no solo gobierna junto al PP, sino que ostenta la alcaldía. De hecho, es el único enclave de la provincia de Valencia donde el partido de Santiago Abascal lidera el ejecutivo local. Pero esa posición no ha evitado la renuncia de la concejala Marta Izquierdo, al frente de las áreas de Tradiciones, Protocolo, Agricultura, Caza y Agua. 

A través de una carta dirigida al alcalde, Iván Expósito, y a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, la edil no solo comunica su abandono de la formación y su paso al grupo de no adscritos, sino que argumenta con detalle sus razones: pérdida de principios, desvío del programa electoral y decisiones "que no siempre se ajustan a la legalidad vigente".

Además, Izquierdo denuncia el "aislamiento progresivo" al que se ha visto sometida por sus compañeros y lamenta que ya no se escuche a los técnicos municipales, a quienes considera garantes del interés general. Por otra parte, subraya que ha trabajado sin percibir retribución alguna, pese a que cobra una pensión como militar retirada, y que su lealtad sigue siendo "a los ciudadanos, no a siglas ni consignas". Una declaración de independencia en toda regla.

La reacción en el consistorio ante este terremoto político ha sido elocuente: el alcalde, preguntado por este medio, ha optado por guardar silencio. Solo el portavoz del PSPV, la segunda fuerza más votada en las elecciones municipales de 2023, Víctor Navarro, se ha pronunciado. Navarro ha reconocido a este diario que el grupo socialista estaría dispuesto a encabezar una moción de censura "para garantizar la gobernabilidad", aunque admite que hoy por hoy es "inviable", ya que el resto de partidos de la oposición -Compromís y Unión Popular de Nàquera (UPdN)- no parecen dispuestos a romper su línea de apoyo tácito al equipo de gobierno. 

Cuatro ediles en siete días

Lo curioso es que, el mismo día en que Izquierdo anunciaba por carta su renuncia, caía otra pieza: Guillermo Alonso del Real, hasta entonces primer teniente de alcalde de Torrent, formalizaba en el pleno ordinario de mayo su abandono a la formación de extrema derecha y se integraba en la bancada de no adscritos. Este municipio de l'Horta Sud es la segunda ciudad más poblada de la provincia de Valencia, lo que la convierte en un bastión político clave en la estrategia territorial de la derecha. Y en su ayuntamiento, PP y Vox cogobernaban. 

El movimiento de Alonso deja al ejecutivo liderado por la alcaldesa del PP, Amparo Folgado, en minoría. El pacto, suscrito en los comicios de 2023, se sostenía con 13 concejales, pero tras su marcha, los populares se quedan con 12, tantos como la suma de la oposición -10 del PSPV y 2 de Compromís-. Aunque desde el grupo socialista ya han descartado una moción de censura, el concejal no adscrito se convierte en un actor fundamental para cualquier votación de calado. 

Más al norte, en Almassora, el terremoto fue doble. El pasado viernes, dos de los tres concejales de Vox anunciaron su baja por actuaciones en el seno del partido que "no son representativas de la vida pública y el servicio a los ciudadanos". La decisión, que tomó el ex portavoz, Vicente Martínez-Galí y su compañero, José Martínez Gozálvez, deja en una situación delicada al gobierno de este municipio castellonense, compuesto por 8 ediles del PP y 3 de Vox.

En València capital, donde el PP gobierna con Vox, el episodio ha sido aún más sonado por el perfil institucional de los protagonistas: Juan Manuel Badenas, portavoz municipal, y Cecilia Herrero, su compañera de grupo. Ambos fueron inicialmente apartados por el partido, tras la apertura de una investigación judicial contra Badenas por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Durante semanas ocuparon sus escaños en el grupo de no adscritos mientras Vox anunciaba su expulsión, aunque finalmente fueron readmitidos por la dirección nacional. El daño, sin embargo, ya estaba hecho: el conflicto evidenció la fragilidad del encaje entre las estructuras del partido y su implantación territorial, y dejó al descubierto las grietas de una coalición de gobierno que, pese a seguir en pie, ya muestra signos visibles de tensión.

Más allá de las bajas en Vox

Con todo, resulta inevitable preguntarse qué está pasando en Vox. No hablamos de un caso aislado o de una reacción puntual a decisiones internas mal encajadas. Lo que ha ocurrido en la Comunitat Valenciana durante la última semana tiene un valor estructural, casi sísmico. Cuatro concejales han abandonado la disciplina del partido en tres municipios clave. Y, paradójicamente, todos ellos formaban parte de gobiernos locales, tenían responsabilidades y tomaban decisiones.

Aun así, se han marchado. Algunos, como en Nàquera, lo han hecho por sentirse aislados y forzados a comulgar con decisiones que, en sus propias palabras, rozaban la ilegalidad. Otros, como los de Almassora, denuncian la "desaparición del municipalismo", una herramienta fundamental para la defensa de los intereses ciudadanos. En Torrent, el desencanto llegó tras la pérdida de respaldo interno y la imposición de una "estrategia distante". 

El escenario, además, no deja margen a soluciones rápidas. No hay resquicio para una moción de censura efectiva. Ni en Torrent ni en Nàquera existen mayorías alternativas capaces de articular un relevo de gobierno. Pero, más allá de estos cálculos políticos, hay algo que puede ser peor para un partido: la sensación de caos. Es, en este sentido, donde Vox puede encontrar su verdadero desafío.

No en mantener alcaldías numéricamente blindadas, sino en detener una sangría que ya no solo erosiona sus gobiernos, sino que empieza a cuestionar su viabilidad como partido de gestión. Porque, cuando quienes tienen poder efectivo prefieren marcharse antes que seguir ejecutando órdenes, el problema ya no es táctico. Es existencial.